Según el grupo de trabajo de nutrición de la salud de la SEE, esta propuesta relativa a las máquinas expendedoras supondría un “bajo coste para la administración pública”, ayudaría a frenar la epidemia de obesidad en España y reduciría los costes sanitarios derivados del exceso de peso, “contribuyendo a una sociedad más saludable con un sistema sanitario más sostenible”.
Esta sociedad médica propone en un informe que los productos sean 100% saludables en centros educativos, sanitarios y deportivos con financiación pública y al menos un 50% saludable en otro tipo de centros de la administración pública o con financiación pública.
Además, como licitador de concesiones de servicios de restauración, plantean a la administración que los pliegos de prescripciones técnicas para las licitaciones de las máquinas de venta directa se orienten al objetivo de promover la salud, que primaría sobre un posible objetivo económico.
“La proliferación en espacios públicos y privados de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas facilita la disponibilidad de estos productos y constituye un potente catalizador de su consumo, que contribuye al mantenimiento y progreso de la epidemia de obesidad”, señalan los epidemiólogos.
Motivo de preocupación
El exceso de ingesta calórica, apunta la SEE en su informe, se fomenta por factores ambientales, económicos y culturales que actúan sobre las vulnerabilidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas.
La producción y distribución masiva de alimentos no saludables, su bajo precio y sus sofisticadas y agresivas estrategias de marketing son los principales detonantes de dicha epidemia.
En este contexto, la proliferación de alimentos y bebidas insanos en máquinas expendedoras, tanto en espacios públicos como privados, facilita su consumo y es un motivo de preocupación
Máquinas expendedoras en los colegios
La existencia de máquina expendedoras en los colegios se asocia con un mayor consumo de dulces, pero lo mismo ocurría con la oferta de fruta y verdura, pero estos alimentos saludables son menos frecuentes que el resto.
Aunque la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición prohíbe la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en grasas saturadas,grasas trans, sal y azúcares en las escuelas infantiles y los centros escolares, el reglamento que debía establecer esos límites no se ha desarrollado después de siete años, señala el informe.
La escasa regulación ha provocado la proliferación de estas máquinas de venta directa también se han extendido a otros espacios públicos, como estaciones de transporte, parques y establecimientos a pie de calle, un sector que en 2018 facturó 1.000 millones de euros.
Otras recomendaciones
Además de regular la oferta de productos de alimentación en las también denominadas “máquinas de vending” y fijar nuevas condiciones en las licitaciones, la SEE propone:
- Cumplir con la obligación de garantizar el suministro de agua potable a toda la población y regular la existencia de fuentes de agua potable en todos los centros educativos, sanitarios y deportivos, así como en cualquier otro recinto de carácter público.
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Establecer un listado de productos saludables, frescos o mínimamente procesados, cuyo consumo se relaciona con un mejor estado de salud, que pueden ofertarse en máquinas expendedoras (por ejemplo: frutas y verduras frescas, frutos secos sin sal y bebidas sin azúcar ni edulcorantes).
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Determinar los contenidos máximos permisibles en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares en los productos procesados que se oferten en máquinas expendedoras.
- Establecer mecanismos de inspección y control del cumplimiento de la normativa relativa a las máquinas expendedoras.
En España, el exceso de peso afecta a un tercio de los niños y dos tercios de las personas adultas, y la obesidad abdominal a 3 de cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres.
Este sobrepeso y obesidad causa muertes prematuras, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, diabetes, insuficiencia renal, problemas osteomusculares y enfermedades del sueño.
También puede desencadenar problemas psicosociales, como la baja autoestima, y ser fuente de discriminación laboral, especialmente en mujeres .
En términos económicos, el 2 por ciento del presupuesto del Sistema Nacional de Salud (2000 millones de euros) se dedica a sufragar el sobrecoste del tratamiento del exceso de peso. A ello hay que sumar los costes por incapacidad laboral y por la menor productividad en el trabajo, que se calculan en otros 2000 millones de euros.